COP31 en Turquía: quién paga la transición y quién carga con la crisis climática

La 31 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Antalya llegó al tramo final con diferencias sobre el futuro del petróleo, el gas y el carbón, y sobre el financiamiento que necesitan los países más expuestos. Un año después de la COP de Belém, vuelve una pregunta que atraviesa toda la negociación: ¿cómo repartir los costos de una crisis a la que no todos contribuyeron por igual?

La COP31 entró en su último día previsto con un borrador de acuerdo que había dejado fuera toda mención a los combustibles fósiles, tras las objeciones de Arabia Saudita y otros productores de petróleo y gas. Panamá cuestionó públicamente esa omisión y reclamó que el texto también abordara el financiamiento climático. Al día de hoy 20 de noviembre, las negociaciones siguen abiertas.

 

¿Qué es la COP y quiénes participan?

COP significa Conferencia de las Partes y es la reunión anual de quienes integran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Allí se negocian decisiones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a los impactos del calentamiento y financiar esas medidas. La edición de 2026 se convocó del 9 al 20 de noviembre en Antalya, en la costa mediterránea de Turquía. El país anfitrión preside la conferencia y Australia conduce las negociaciones.

Las delegaciones gubernamentales de casi 200 países son quienes negocian los textos y también participan organismos internacionales, científicos, organizaciones ambientales, representantes de pueblos indígenas, sindicatos y empresas. Estos actores buscan incidir en la agenda, mientras las decisiones quedan en manos de las delegaciones de las Partes.

 

De Kioto a Belém, con Lula en Antalya

En 1997, la COP3 adoptó en Kioto un protocolo con metas obligatorias de reducción de emisiones para países industrializados y economías en transición. En 2015, el Acuerdo de París estableció que cada país presentara y actualizara sus propios compromisos climáticos, con el objetivo común de mantener el calentamiento muy por debajo de los 2 °C y hacer esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.

La edición anterior se realizó en 2025 en Belém, en la Amazonía brasileña. Allí se acordó desarrollar un mecanismo de transición justa y se llamó a hacer esfuerzos para al menos triplicar el financiamiento para la adaptación de aquí a 2035. Brasil impulsó además una hoja de ruta para dejar atrás los combustibles fósiles y, ante la falta de consenso para incorporarla al acuerdo de Belém, la presidencia brasileña siguió trabajando en esa propuesta.

En Antalya, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva retomó esa agenda al intervenir en la apertura de la Cumbre de Líderes, el 11 de noviembre. Defendió la cooperación internacional, reclamó un mayor compromiso de los países ricos y planteó que la crisis climática es también una crisis de injusticias.

 

El dinero y las condiciones de la transición

En Bakú, en 2024, se fijó una meta de al menos 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo de aquí a 2035, con los países desarrollados a la cabeza. También se planteó movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales para ese mismo año desde distintas fuentes. En Antalya, las diferencias pasan por el alcance de la obligación de los países desarrollados de aportar recursos y por el apoyo para adaptarse a los impactos y responder a las pérdidas y los daños que ya ocurren. Para un país endeudado, financiar obras contra inundaciones con una donación tiene consecuencias muy distintas a hacerlo con un nuevo préstamo.

El otro debate es cómo avanzar hacia una transición justa, ya que reducir el uso de carbón, petróleo y gas supone cambiar cómo se produce la energía y decidir qué pasa con los trabajadores y las regiones que dependen de esas actividades. Eso implica prever la reconversión laboral, sostener ingresos y garantizar que la energía siga siendo accesible. En Antalya, la discusión llegó a un punto más básico: si los gobiernos podían acordar siquiera una referencia explícita a los combustibles fósiles en el texto.

 

Quién emite y quién sufre las consecuencias

La desigualdad se ve entre países y también dentro de ellos. Por ejemplo, buena parte de las emisiones históricas se acumuló durante la industrialización de las economías hoy desarrolladas. Sí se mira el consumo, Oxfam estimó que en 2019 el 1 % más rico del mundo generó tantas emisiones de CO₂ como los dos tercios más pobres de la humanidad. Y según el IPCC, entre 2010 y 2020 la mortalidad por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en las regiones altamente vulnerables que en las de muy baja vulnerabilidad.

Para América Latina, esa desigualdad tiene efectos concretos. Una sequía puede dejar sin ingresos a productores que carecen de riego o de seguro. Una inundación puede destruir en horas lo que una familia tardó años en construir. Por eso, lo que se discute en Antalya también se juega en los presupuestos y en los hogares de la región. De los acuerdos sobre financiamiento depende, en parte, quién podrá invertir para prevenir el próximo desastre y quién tendrá que afrontar las pérdidas cuando lleguen.