La decisión del nuevo gobierno colombiano de autorizar operaciones militares conjuntas con Estados Unidos abre un debate que excede ampliamente las fronteras de Colombia. Detrás de un acuerdo de cooperación en materia de defensa y de la adhesión al denominado Escudo de las Américas aparece una pregunta mucho más profunda: ¿Qué lugar quiere ocupar América Latina en un mundo cada vez más atravesado por disputas de poder, seguridad y soberanía?
El anuncio se produjo en los primeros días del gobierno de Abelardo de la Espriella. El ministro de Defensa, general retirado Jorge Mora, firmó el acuerdo que habilita el desarrollo de operaciones conjuntas con Estados Unidos, mientras que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, confirmó públicamente que Colombia había solicitado el apoyo de Washington en su lucha contra el denominado “narcoterrorismo”.
La formulación utilizada desde Estados Unidos -operaciones destinadas a “destruir terroristas y redes terroristas”- introduce una dimensión que va más allá de la cooperación policial o del intercambio de información. Habla de operaciones militares y, por lo tanto, coloca sobre la mesa cuestiones que en cualquier democracia deberían ser discutidas con particular atención: soberanía, jurisdicción, control parlamentario, cadena de mando y límites de la participación extranjera.
Y allí aparece una primera paradoja. Colombia es, probablemente, uno de los países latinoamericanos con mayor experiencia acumulada en materia de combate al narcotráfico, grupos armados y violencia política. Durante décadas desarrolló capacidades militares, policiales y de inteligencia propias y, al mismo tiempo, construyó una estrecha relación de cooperación con Estados Unidos.
Por eso, el debate no debería reducirse a la pregunta de si Colombia necesita o no ayuda estadounidense. La pregunta más interesante podría ser: ¿qué tipo de cooperación necesita, bajo qué condiciones y quién establece sus límites?
Seguridad y soberanía
El expresidente Gustavo Petro cuestionó la decisión y sostuvo que el Ejecutivo no tendría por sí solo la facultad para autorizar este tipo de operaciones, señalando las competencias que la Constitución colombiana asigna al Senado y, eventualmente, al Consejo de Estado.
Más allá de la posición política de Petro, el planteo introduce una cuestión institucional que merece ser separada de cualquier disputa partidaria: cuando fuerzas extranjeras participan de operaciones militares dentro del territorio de un país, el asunto deja de ser exclusivamente una cuestión de seguridad, también es una cuestión de soberanía y esa discusión no pertenece a la izquierda ni a la derecha, es una discusión latinoamericana. Porque América Latina tiene una larga historia de relaciones asimétricas con las grandes potencias. Una historia en la que cooperación, dependencia, asistencia militar, intervenciones y alianzas estratégicas muchas veces se mezclaron hasta hacer difícil distinguir dónde terminaba una cosa y comenzaba la otra.
Pero también sería simplista interpretar cualquier cooperación con Estados Unidos como una amenaza a la soberanía. Los países latinoamericanos tienen derecho a establecer alianzas, recibir cooperación, compartir inteligencia, adquirir capacidades y trabajar conjuntamente frente a problemas que ningún Estado puede resolver por sí solo. El punto central es otro: la cooperación no debería significar ausencia de autonomía.
Una región frente a un mundo que cambió
Durante buena parte del siglo XX, América Latina fue pensada desde la lógica de las grandes disputas geopolíticas. La Guerra Fría convirtió al continente en escenario de una competencia que excedía sus propias decisiones. El siglo XXI es diferente, pero no necesariamente más sencillo.
Estados Unidos continúa siendo la principal potencia militar del hemisferio, China amplía su presencia económica y estratégica en América Latina, Rusia busca espacios de influencia y nuevas disputas globales atraviesan el continente.
En ese escenario, los países latinoamericanos enfrentan un desafío que parece cada vez más evidente: cómo relacionarse con las grandes potencias sin convertirse nuevamente en escenario de sus disputas. Y Colombia ocupa aquí un lugar particularmente relevante. Por su posición geográfica, por su vínculo histórico con Estados Unidos, por su experiencia en seguridad y por su condición de país clave en el Caribe y Sudamérica, cualquier cambio en su política de defensa tiene una dimensión regional.
La decisión de Bogotá puede ser perfectamente legítima dentro de su política exterior. Pero sus efectos no terminan en Bogotá.
El problema no es cooperar, es decidir cómo.
Una América Latina integrada no tiene por qué ser una América Latina alineada. Tampoco necesita construir su identidad internacional desde la oposición permanente a Estados Unidos. Una política latinoamericana madura debería poder cooperar con Washington cuando existen intereses compartidos, del mismo modo que debería poder hacerlo con China, Europa o cualquier otro actor internacional. La clave está en conservar la capacidad de decidir. Y eso supone que los acuerdos de cooperación sean transparentes, que los Parlamentos ejerzan sus funciones, que existan controles democráticos y que los Estados latinoamericanos puedan establecer sus propias prioridades de seguridad. También supone abandonar una vieja tentación: pensar que cada decisión internacional debe ser interpretada como una victoria de un bloque político sobre otro.
Un gobierno de derecha puede defender la soberanía nacional. Un gobierno de izquierda puede profundizar una relación militar con una potencia extranjera. Un gobierno conservador puede promover la integración regional. Uno progresista puede privilegiar acuerdos bilaterales. La política internacional no siempre respeta las categorías ideológicas con las que intentamos explicarla. Y quizás ahí esté una de las principales lecciones del caso colombiano.
El verdadero debate que abre esta decisión no es solamente qué hará Colombia con Estados Unidos, es qué quiere hacer América Latina consigo misma.
Si los problemas de seguridad son regionales -narcotráfico, crimen organizado, tráfico de armas, lavado de activos, ciberdelincuencia-, resulta difícil imaginar respuestas exclusivamente nacionales. Pero si las respuestas dependen únicamente de capacidades externas, también será difícil construir autonomía regional.
Entre esos dos extremos existe un camino posible: más cooperación latinoamericana, más capacidades propias y relaciones internacionales abiertas, pero sin subordinaciones automáticas. Ese debería ser uno de los objetivos de una integración que no se limite al comercio o a los discursos diplomáticos. Porque integrar también significa poder discutir colectivamente cómo se enfrenta la seguridad, cómo se protege la soberanía, cómo se comparte inteligencia y cómo se responde a amenazas que atraviesan las fronteras.
El caso colombiano vuelve a poner esa discusión sobre la mesa. No se trata de decidir si América Latina debe estar “con” Estados Unidos o “contra” Estados Unidos. Se trata de algo más difícil y, quizás, más importante: que América Latina pueda decidir por sí misma con quién cooperar, para qué hacerlo y bajo qué condiciones. Ahí comienza, también, la autonomía. Y quizás esa sea la pregunta que Colombia, con esta decisión, vuelve a plantearle a toda la región.
