Las “mega master hearings” implementadas en Miami buscan descomprimir un sistema migratorio saturado. Pero detrás de las filas y las audiencias multitudinarias aparece una discusión mucho más profunda: ¿qué ocurre con el derecho a la defensa cuando la prioridad política es deportar más rápido?
Filas de varias cuadras, largas horas de espera y más de un centenar de inmigrantes convocados ante un mismo juez. La imagen que por estos días ofrece el tribunal de inmigración de Miami podría parecer simplemente la consecuencia de un sistema desbordado. Sin embargo, detrás de esas escenas hay una transformación en la forma en que Estados Unidos está procesando los casos migratorios.
Son las llamadas “mega master hearings”, audiencias en las que un juez puede atender simultáneamente a más de 100 inmigrantes. El mecanismo forma parte de los cambios administrativos impulsados por el gobierno de Donald Trump para enfrentar uno de los principales problemas del sistema migratorio estadounidense: la enorme acumulación de expedientes pendientes.
El argumento oficial es sencillo. Si el sistema está saturado, hay que procesar más casos en menos tiempo. Pero la pregunta es qué ocurre con las garantías individuales cuando la velocidad se convierte en el principal criterio de funcionamiento.
Las audiencias preliminares de inmigración constituyen una instancia fundamental del proceso. Allí se revisa la situación de cada persona, se determina si cuenta con representación legal y se establecen los pasos que seguirá su expediente. Pero la concentración de decenas de casos o incluso más de un centenar en una misma agenda modifica sustancialmente esa dinámica.
Abogados especializados advierten que el nuevo esquema dificulta las notificaciones, reduce los tiempos disponibles y hace todavía más complejo que los inmigrantes encuentren representación legal antes de comparecer. David Wilson, vicepresidente del comité de tribunales migratorios de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), definió la modalidad como “una táctica muy injusta, pero muy efectiva”.
Y el problema no se centra solo en las largas esperas. Cuando una persona no se presenta a una audiencia migratoria, el juez puede dictar una orden de deportación en ausencia. Por eso, si las citaciones llegan tarde, existen problemas para conocer la fecha de comparecencia o resulta imposible conseguir un abogado a tiempo, una cuestión aparentemente administrativa puede terminar teniendo consecuencias definitivas sobre la permanencia de una persona en el país.
No es solamente Miami
Las escenas del tribunal de Miami deben entenderse dentro de una política mucho más amplia. La administración Trump ha colocado a la reducción de la inmigración irregular y el aumento de las deportaciones entre sus principales prioridades. Para conseguirlo, no alcanza únicamente con reforzar la frontera o aumentar los operativos migratorios, también es necesario acelerar el sistema encargado de resolver qué ocurre después de una detención o del inicio de un procedimiento de expulsión. Y allí aparece un aspecto menos visible de la política migratoria estadounidense: la transformación de las propias reglas y mecanismos administrativos.
Las cortes de inmigración no funcionan de la misma manera que los tribunales federales ordinarios, forman parte del Poder Ejecutivo, a través del Departamento de Justicia. Eso convierte a su funcionamiento, sus recursos y sus procedimientos en un terreno especialmente sensible a los cambios de orientación política de cada administración. La discusión sobre las “mega master hearings”, por lo tanto, excede la organización interna de un tribunal. Lo que está en juego es hasta qué punto un gobierno puede modificar los procedimientos administrativos para alcanzar más rápidamente sus objetivos migratorios.
Estados Unidos enfrenta desde hace años una contradicción difícil de resolver. Por un lado, distintos gobiernos han endurecido los controles fronterizos y multiplicado las decisiones vinculadas con detenciones, solicitudes de asilo y procedimientos de expulsión. Por otro, el sistema judicial encargado de procesar esos casos no ha crecido al mismo ritmo. El resultado es una acumulación gigantesca de expedientes y personas que pueden permanecer durante años esperando una resolución definitiva.
Desde la perspectiva del gobierno, acelerar los procedimientos aparece como una respuesta a esa parálisis. Desde la perspectiva de abogados y organizaciones de derechos civiles, sin embargo, el riesgo es que la búsqueda de eficiencia termine debilitando garantías básicas: recibir una notificación adecuada, comprender el procedimiento, contar con tiempo para preparar una defensa y acceder a representación legal.
La discusión, entonces, no es simplemente sí Estados Unidos debe resolver más rápido sus casos migratorios. La verdadera pregunta es cómo hacerlo sin convertir la velocidad administrativa en una herramienta de expulsión. Porque una medida que parece técnica, puede tener consecuencias profundamente políticas. Ya que cuando más de cien personas son citadas simultáneamente ante un mismo juez, la cuestión ya no es solamente cuántos expedientes puede resolver un tribunal, sino cuánta justicia puede garantizar mientras intenta hacerlo más rápido.
